La mayoría de los vehículos usados importados de Estados Unidos y Canadá, contaminan y representan un riesgo para la seguridad vial por su obsolescencia. Sin embargo, su regularización en el país podría provocar que su número sea mayor que el de autos nuevos vendidos al cierre de 2022.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, revelaron que se vendieron 692,685 unidades nuevas de enero a agosto. En tanto, en solo 6 meses se registraron 557, 697 vehículos usados de procedencia extranjera; sumados a los 123,686 importados legalmente, totalizan 681,383 unidades.
“Datos alarmantes que nos llevan a considerar que la regularización de autos ilegalmente internados al país superará la cifra de venta de autos nuevos el presente año”, alertó la AMIA.
Por su parte, la AMDA indicó que de enero a julio de 2022, la importación de unidades usadas aumentó 33.9%, frente a similar periodo de 2021.
“Esto, más las 500,000 unidades de contrabando que se estima se llevan regularizadas, representará que al final de año se habrán integrado al parque vehicular nacional de casi un millón de usados. La mayoría en pésimas condiciones y generando una sobreoferta con bajas de hasta 20% en el precio de automotores nacionales de similar marca y modelo”: Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA.
@AMDADaños colaterales
Señaló Rosales Zárate que la regularización de vehículos usados provoca que los propietarios de unidades formales duden sobre cambiar su unidad por una nueva.
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Agregó que “al ver esta afectación lo pensarán dos veces antes de cambiar su unidad, afectando la cadena de la renovación vehicular”.
Además, al problema de renovación se suma la contaminación del parque vehicular obsoleto. El cual es regularizado no solo de manera legal, sino también de ilegal por el crimen organizado.
“Este decreto lo único que ha asegurado es evidenciar la obsolescencia del Registro Público Vehicular, REPUVE. Organismo que desde el arranque de la regularización no ha podido generar el número suficiente de citas para los interesados en regularizar. Dado lo anterior, ahora existe un mercado negro. Las citas son vendidas de forma ilegal, esto sin contar las páginas de Internet apócrifas”, explicó.
Impacto al mercado doméstico por regularización
La AMDA y la AMIA advirtieron que el decreto que promueve la regularización de automóviles procedentes del extranjero que fue publicado en febrero de 2022 generó las siguientes consecuencias:
- Afectaciones en las ventas de vehículos nuevos.
- La desaceleración en la generación de empleos por parte de la industria automotriz.
- Reducción en las aportaciones al Producto Interno Bruto, PIB.
- Inseguridad vial por unidades con refacciones obsoletas.
- Daños al medio ambiente
- Promoción del contrabando y la extorsión.
En junio de 2022, el decreto tuvo una reforma para sumar a Puebla al programa de regularización de unidades extranjeras. Posteriormente, el decretó fue modificado. Se extendió el plazo para regularizar autos hasta finales del año. De igual forma, sumó a Jalisco a la siguiente lista de entidades:
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Adicionó: “Lo dijimos una vez y lo seguiremos afirmando. La ampliación de este decreto no vendrá sino a confirmar el rotundo fracaso que representa el mismo. Por más oficinas que se abran y citas que se generen, si no se cierra el libre tránsito del contrabando… el crimen organizado se seguirá aprovechando”.
Política industrial, oportunidad para la descarbonización
En el mismo sentido, la ampliación del plazo, impacta al desarrollo de la electromovilidad; por consiguiente, la descarbonización de la industria.
“La electromovilidad ha sido identificada como un sector estratégico para la política industrial de México. Sin embargo, dicho sector no puede desarrollarse plenamente si en el mercado interno enfrenta la competencia de vehículos que no se encuentran sujetos a los mismos estándares y regulaciones que los autos comercializados y/o producidos de manera legal y en apego a las leyes vigentes en el país”, aseveró la AMIA.
El 20 de septiembre pasado, la Secretaría de Economía presentó la estrategia Rumbo a una Política Industrial. El objetivo es alinear los esfuerzos de los diferentes actores económicos, públicos y privados hacia un modelo económico que genere un crecimiento incluyente. Lo anterior, mediante la actualización tecnológica, el incremento del contenido nacional y el desarrollo del capital humano.
Dicho plan está compuesto por cuatro ejes transversales:
- Innovación y tendencias tecnológica- científicas.
- Formación de capital humano para las nuevas tendencias.
- Promoción de contenido regional
- Industrias sostenibles y sustentables.
Al respecto, la AMIA expresó su compromiso para fortalecer las condiciones que promuevan la incorporación de las innovaciones tecnológicas en el sector. Para ello se requiere:
- Desarrollar una política pública coordinada transversalmente en la Administración Pública Federal.
- Contemplar el otorgamiento de incentivos a las empresas para producir vehículos como los híbridos eléctricos, híbridos eléctricos conectables, eléctricos y de celdas de hidrógeno.
- Incentivos y estímulos fiscales y no fiscales para promover su uso y adquisición.
- El desarrollo de infraestructura de recarga y la creación de un marco legal y normativo adecuado.
