La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un acuerdo para prevenir y combatir el huachicoleo fiscal y el robo de hidrocarburos.
El acuerdo contempla el intercambio de información financiera y operativa entre las dependencias con el fin de perseguir delitos financieros y físicos, relacionados con el robo de combustible.
Por una parte, Pemex compartirá información sobre sus operaciones financieras, contables, administrativas y jurídicas con la UIF. Esto tiene por objetivo que la unidad pueda detectar movimientos potencialmente sospechosos relacionados con el robo de combustible, venta ilegal, fraude, corrupción. O bien, operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En ese contexto, la información proporcionada por Pemex servirá para trazar una ruta financiera de los posibles delitos y dar con los responsables.
Por otro lugar, la UIF también compartirá herramientas con la petrolera para que esta pueda detectar el riesgo en sus operaciones o filiales.
Lo anterior podría ayudar a que la paraestatal detecte personas, empresas u operaciones que representen una amenaza.
UIF y Pemex van tras el dinero ilícito
La colaboración entre las dependencias coloca al dinero en el centro de las investigaciones relacionadas con el robo de combustible.
A través de la información y herramientas intercambiadas entre Pemex y Hacienda se podrán establecer rutas más precisas sobre el origen y destino del dinero vinculado con dichas operaciones.
Además, dicha estrategia servirá para identificar los posibles delitos antes de que ocurran y frustrar las estructuras que hacen posible el traslado, comercialización y lucro.
Finalmente, la colaboración dará continuidad a los trabajos que ambas instituciones realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles. Donde participan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El convenio ocurre en el marco de la política energética del gobierno federal y busca fortalecer las herramientas institucionales para identificar y denunciar conductas que puedan afectar al sector energético.
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