Los bloqueos de transportistas quedaron suspendidos este 27 de octubre, después de que HAMOTAC, CANACAR, FEMATRAC e INDECO alcanzaron acuerdos con el Gobierno Federal para establecer mesas de trabajo sobre seguridad, estímulos fiscales, infraestructura y condiciones laborales. Los dirigentes anunciaron el retiro de las unidades movilizadas, aunque advirtieron que la continuidad de las negociaciones dependerá de resultados concretos.
Durante una conferencia de prensa, Carlos García Álvarez, presidente nacional de HAMOTAC; Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR; Lauro Rincón Hernández, presidente de FEMATRAC, e Ignacio Granados Villanueva, vicepresidente regional de INDECO, informaron que las manifestaciones tuvieron presencia en las 32 entidades federativas, con una participación estimada de 600,000 vehículos.
Los representantes atribuyeron la apertura de las negociaciones a la coordinación entre organizaciones que anteriormente mantenían agendas independientes. Las reuniones involucrarán a Hacienda, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), CAPUFE, el IMSS, la Secretaría del Trabajo y autoridades federales de seguridad.
Hacienda revisará estímulos fiscales y financiamiento del autotransporte
La Secretaría de Hacienda inició conversaciones para revisar las facilidades administrativas, los mecanismos de financiamiento y la renovación vehicular, incluida la posibilidad de establecer programas de chatarrización.
Uno de los principales desacuerdos corresponde a la propuesta de reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal por el uso de autopistas. CANACAR solicitó elevarlo a 420 millones y ampliar su aplicación a más empresas.
Augusto Ramos Melo presidente de la CANACAR, explicó que la discusión afecta directamente la liquidez de los transportistas, particularmente ante las dificultades para comprobar gastos operativos y aprovechar los beneficios fiscales asociados al diésel.
“Uno de los planteamientos en el autotransporte tiene dos formas de tener flujo para poder operar. Una es el estímulo de casetas, en el cual solamente los transportistas que están hasta ese punto de facturación pueden acreditar el 50% del gasto de autopistas. Pero el otro también es un impuesto, el IEPS, el cual sabemos que en los últimos casi dos meses ha estado en cero pesos. El que nosotros no podamos acreditar este impuesto al estar en cero pesos, pues nos deja sin forma de tener flujo de capital para poder operar en nuestras empresas”, señaló.
Las organizaciones presentarán propuestas adicionales a Hacienda para evaluar alternativas fiscales y sus impactos económicos. Hasta el momento de la conferencia no existía una medida compensatoria definitiva.
En materia de seguridad, los representantes acordaron establecer una mesa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para atender robos, extorsiones y dificultades en la recuperación de vehículos.
Uno de los planteamientos consiste en agilizar la devolución de unidades recuperadas, debido a que algunas permanecen retenidas durante meses, incluso después de ser localizadas.
“Para nosotros un vehículo es una herramienta de trabajo y no podemos tener cinco o seis meses, un año, un vehículo encerrado, detenido en un corralón de grúas y que se va a deteriorar”, expusieron los representantes.
También solicitaron fortalecer la videovigilancia carretera, establecer mecanismos de denuncia anónima y mejorar la coordinación con las fiscalías.
CANACAR rechaza ser minoría y explica las negociaciones paralelas
Augusto Ramos explicó que CANACAR solicitó mantener una interlocución exclusiva para los transportistas, sin incorporar a los organismos que representan a los generadores de carga.
“La petición que hizo CANACAR de manera formal y directa fue que no participara nadie que no fuera el autotransporte. Si bien en CONCAMIN tenemos puertas para tener acercamiento, aquí se hizo la petición de que nada más los cuatro organismos aquí presentes, porque entendemos que CONCAMIN representa más de 100 industrias; dentro de esas industrias están los clientes del autotransporte”, explicó.
El dirigente reconoció que otras organizaciones fueron invitadas a participar en el movimiento, pero declinaron incorporarse. También señaló que existen negociaciones paralelas impulsadas por distintos organismos empresariales.
“Aquí en esta mesa estamos representando a un millón de vehículos, entonces minoría no somos, lo vimos en las carreteras. Incluso estuvieron participando empresas y operadores de esos otros grupos que llevan la agenda paralela. ¿Por qué? Porque se sintieron empáticos con la necesidad que tiene el sector”.
La cifra corresponde a la representación que atribuye a las organizaciones participantes, no al número de vehículos movilizados.
Sobre la interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum, Augusto Ramos Melo afirmó que CANACAR entrega mensualmente escritos en Palacio Nacional con las demandas del sector.
Las negociaciones también contemplan incorporar a la formalidad a aproximadamente 130,000 empresas, revisar las condiciones de seguridad social de los operadores. Además, se busca atender las particularidades del autotransporte ante la reducción de la jornada laboral.
En infraestructura, se revisarán el mantenimiento de carreteras federales, las condiciones de circulación y la modernización de los sistemas de cobro electrónico de CAPUFE.
Los dirigentes aclararon que todavía no existe una cuantificación definitiva de las pérdidas ocasionadas por los bloqueos de transportistas. La estimación de 21,000 millones de pesos diarios corresponde al valor de las mercancías movilizadas, no a pérdidas efectivas.
Por último, el presidente de la CANACAR precisó que la suspensión de las protestas estará sujeta al seguimiento de los acuerdos.
Te recomendamos
