Actualmente el autotransporte de carga en México, se enfrenta en una discusión de la reforma fiscal por la propuesta gubernamental de modificar las condiciones para acceder al estímulo relacionado con el pago en las casetas. Dicho ajuste contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, ha generado inconformidad entre representantes del sector. Sumándose a las demandas que motivaron las movilizaciones de transportistas el pasado lunes 26 de octubre.
Esta modificación ha planteado la reducción de 300 a 250 millones de pesos anuales al límite de ingresos, para acceder al beneficio fiscal que permite acreditar parte del gasto en autopistas de cuota. Esto contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), este cambió podría afectar a 170 contribuyentes de los 2 mil 580 que actualmente hacen uso de este esquema.
Transportistas advierten presión sobre sus costos con respecto a la Reforma Fiscal
Para las empresas transportistas, el pago de peaje forma parte de los gastos necesarios para trasladar mercancías por carretera. A este concepto se suman el combustible, el mantenimiento de unidades, los seguros, salarios hasta el financiamiento de las flotas.
Esta reducción de estímulos podría incrementar la carga fiscal efectiva de las compañías que dejen de cumplir las nuevas condiciones, dependiendo de cuánto aprovechen actualmente el beneficio. Sin embargo, el efecto sería al mismo grado para todas las empresas, ni aplicaría un aumento en las tarifas de transporte.
En este sentido, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), ha cuestionado que el nivel de facturación sea suficiente para determinar la capacidad económica de una compañía. Ya que los ingresos también necesitan cubrir los costos de la operación. Por lo que ha solicitado revisar el límite propuesto y considerar alternativas, para evitar que las empresas con gastos elevados, pierdan el beneficio.
SHCP estima ingresos adicionales por 4,500 MDP
El Gobierno federal ha sostenido que el ajuste busca limitar el alcance del beneficio fiscal y fortalecer las finanzas públicas. De acuerdo a las cifras presentadas por el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, son 170 de los 2 mil 580 contribuyentes . Mismos que utilizan el esquema dejarían de recibir parte del estímulo.
La dependencia puede calcular que la modificación permitiría obtener aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos adicionales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido este cambio al señalar que se concentra en un grupo reducido de empresas. Y no representa una afectación generalizada para los pequeños transportistas.
La diferencia entre estas dos posiciones se centra en cómo medir el impacto de la medida: mientras Hacienda destaca el número de contribuyentes afectados y la recaudación esperada, CANACAR pide considerar los márgenes operativos y los gastos que enfrentan las empresas.
Negociaciones continúan en medio de movilizaciones
Las diferencias fiscales coincidieron con las movilizaciones convocadas por CANACAR el 26 de octubre, en el contexto de demandas relacionadas también con la seguridad carretera y las condiciones de operación del transporte de carga.
Ese mismo día, representantes de organizaciones empresariales y del autotransporte sostuvieron reuniones con autoridades federales para abordar sus planteamientos. Entre los temas de negociación se encuentran los estímulos fiscales, la seguridad y la infraestructura carretera.
La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 continuaba en proceso legislativo al cierre de la información consultada. Por esto el ajuste no debe considerarse una disposición definitivamente promulgada a esa fecha.
La resolución del Congreso y los acuerdos que alcancen las autoridades con el sector serán determinantes para conocer las condiciones definitivas del beneficio. Mientras tanto, la discusión mantiene el reto de conciliar los objetivos de recaudación del Gobierno con los costos que enfrentan las empresas encargadas de movilizar mercancías en el país.
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