Dos policías auxiliares de la Ciudad de México resultaron heridos durante un violento intento de robo a un transporte de carga en la desviación que conecta la autopista Chamapa-Lechería.
Con la intención de despojar al conductor de la mercancía, sujetos armados interceptaron la unidad en una desviación cercana a la zona industrial de San Martín Obispo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Los delincuentes abrieron fuego contra una patrulla de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, que escoltaba la unidad de carga. Dos policías que viajaban al interior resultaron lesionados por los disparos.
Eventualmente, los policías de la entidad activaron un cierre vial por la zona para intentar dar con los responsables. Sin embargo, esto fue imposible.
Los sujetos huyeron dejando tras de sí un ola de miedo y violencia. No es la primera ocasión que operadores denuncian que el asalto a transportistas ocurre cada vez con más violencia, sin que hasta ahora se haya propuesto una solución definitiva.
En el último año, de acuerdo con datos de aseguradoras, los delitos contra transportistas disminuyeron 20%.
Una cifra que contrasta con lo reportado en redes sociales y videos por parte de los operadores.
Algunas asociaciones han pedido al Gobierno Federal mayores medidas de seguridad en puntos clave de las rutas y que se han convertido en focos rojos para la delincuencia.
Mejorar la seguridad
La industria del transporte de carga genera el 3% del PIB nacional. De ahí, la importancia de generar medidas que protejan a los operadores y las mercancías que diariamente se transportan por las carreteras federales.
En el último año, en varias regiones de México, transportistas han realizado bloqueos carreteros para demandar seguridad. Algunos incluso, temen perder su vida. Por consiguiente, en julio pasado, el Gobienro Federal puso en marcha un operativo en las carreteras con mayor incidencia. Por ejemplo, la autopista México-Puebla o México-Querétaro.
Otra de las propuestas que se han hecho para evitar los asaltos es regular el horario de circulación de los transportistas.
Se calcula que las pérdidas derivadas de este ilícito podrían alcanzar los 4 mil millones de pesos anuales.
