El Centro Mario Molina y Urbanística, con respaldo de la Secretaría de Economía y financiamiento del banco alemán KfW, presentó la ‘Guía para la implementación de un sistema de transporte público eléctrico. La experiencia del Sistema MOBI en Chetumal”. Un estudio en el que se analiza el modelo aplicado en Quintana Roo con el objetivo establecer una metodología que permita replicarlo en otras ciudades del país.
Dicha guía plantea que la electrificación del transporte público no consiste únicamente en comprar autobuses de nuevas energías. Sino que requiere una transformación integral del transporte que incluya una nueva visión sobre el modelo operativo, financiero, energético y jurídico.
Entre los planteamientos destaca la extinción del modelo hombre-camión, el cual, de acuerdo con los autores del estudio, es incompatible financiera y operativamente con la electromovilidad a gran escala.
Al respecto, los autores proponen sumar al hombre-camión a un fideicomiso maestro. Mismo que estará encargado de gestionar tanto los gastos operativos y de infraestructura. O bien, establecer un modelo concesionado, en donde se pague el número de kilómetros trabajados.
Así mismo, el documento manifestó que la electrificación requiere la combinación de recursos públicos y privados. Tal como ocurrió en el caso del MOBI, donde NAFIN y KfW aportaron 59 millones de pesos para su construcción.
MOBI, un referente para la electromovilidad en México
El modelo MOBI podría convertirse en un referente para la electromovilidad en el país. Lo anterior debido a que este sistema no sólo ha demostrado su eficacia para mejorar la conectividad, sino también para impulsar distintas áreas económicas.
El documento explica que su implementación contribuyó a aumentar la generación de empleos. Así como a incentivar la fabricación de autobuses eléctricos en México y a integrar a PyMES en las cadenas de proveeduría.
En consecuencia, la construcción sistemas eléctricos podría contribuir al desarrollo tecnológico y económico general del país. Sin embargo, su implementación y viabilidad dependerán de las capacidades y necesidades de cada estado.
Cabe señalar que la ‘Guía para la implementación de un sistema de transporte público eléctrico’ establece 10 criterios. Los estados deberán tomarlos en cuenta para transformar sus sistemas de transporte.
Entre ellos, están la capacidad energética, la demanda del servicio, capacidad para reacondicionar su infraestructura y la viabilidad financiera de los proyectos.
Además de ello, el Centro Mario Molina recomienda evaluar los impactos ambientales. Así como el tipo de unidades que se usarían y las capacidades de gobernanza.
Cabe señalar que, aunque la electromovilidad es una alternativa para mejorar la movilidad y disminuir las emisiones contaminantes, no todas los estados están podrán dar el paso.
Por ejemplo, en el caso del MOBI, Quintana Roo construyó su propia central fotovoltaica para atender sus necesidades energéticas. En algunas entidades esto no será posible por lo que se deberán evaluar otras alternativas como potenciales convenios con la CFE y una readaptación de su estructura energética en fases.
Nuevo modelo financiero
El documento del Centro Mario Molina plantea dos cambios importantes en cuanto al financiamiento de estos sistemas. Por un parte plantea la extinción del modelo hombre-camión, para transitar al fideicomiso, y por otra la colaboración de instituciones de banca privada y Gobierno.
Finalmente el documento se muestra como un estudio base a partir del cual, Gobiernos e iniciativa privada pueden delinear una nueva forma de transporte público: el electrificado.
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