La transformación del transporte público en México requiere mucho más que nuevas obras de infraestructura. Ya que necesita reglas claras, modelos financieros sostenibles y una distribución precisa de responsabilidades entre autoridades y operadores. Esto para garantizar la continuidad de los servicios, coincidieron participantes de un panel especializado en movilidad en México durante el Foro Ruta México organizado por Mobility ADO.
Uno de los principales planteamientos fue la urgencia de coordinar a los gobiernos federal, estatales y municipales. Para emprender acciones concretas y construir proyectos que trascienden las administraciones.
Los participantes señalaron que la movilidad debe abordarse como una política integral, con compromisos de corto, mediano y largo plazo que permitan generar confianza entre autoridades, operadores y ciudadanía.
¿Quién planea, regula y financia de la movilidad en México?
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la necesidad de definir con claridad el papel de cada actor dentro del sistema de transporte.
Los especialistas advirtieron que muchos de los problemas actuales tienen su origen en contratos y modelos de gobernanza. Mismos que no establecen con precisión quién decide, quién coordina, quién financia, quién regula, quién evalúa y quién opera.
Bajo esta perspectiva, corresponde a la autoridad planear y coordinar el sistema, establecer las reglas de operación, definir los objetivos de crecimiento y determinar las inversiones necesarias para cerrar las brechas de calidad y tecnología.
Una vez definido ese escenario, las autoridades pueden calcular cuánto cuesta alcanzar los objetivos y diseñar un modelo financiero que permita sostenerlos.
Los participantes consideraron un error trasladar al sector privado decisiones que corresponden a la autoridad, ya que esto genera incertidumbre y debilita los modelos de negocio.
Al mismo tiempo, señalaron que reconocer al transporte público como un servicio público no significa ignorar su dimensión empresarial. Los operadores necesitan condiciones financieras que permitan mantener y mejorar el servicio.
Subsidios y tarifas, piezas del modelo
La política financiera apareció como uno de los elementos fundamentales para construir sistemas de transporte sostenibles.
Los participantes plantearon la necesidad de establecer metodologías claras para determinar y actualizar tarifas. Así como definir subsidios, identificar las fuentes de financiamiento y transparentar el flujo de recursos.
Esta certeza permitiría mejorar los contratos y generar condiciones para que el sector privado incremente sus inversiones.
También se destacó la importancia de establecer un lenguaje común entre autoridades, operadores y dependencias financieras, particularmente para transparentar los costos reales de prestar el servicio.
Más allá de construir infraestructura
Otro de los llamados fue a dejar atrás una visión de movilidad concentrada únicamente en infraestructura.
Un sistema eficiente debe considerar la experiencia completa del usuario y facilitar que las personas elijan el transporte colectivo sobre el automóvil particular.
Para ello, los proyectos deben integrar la intermodalidad y conectar el transporte público con los desplazamientos a pie, bicicleta y otros modos de movilidad.
Los especialistas advirtieron que una estación ferroviaria nueva y equipada pierde buena parte de su utilidad. Ya que si permanece desconectada de las zonas donde viven o trabajan las personas.
Además, cualquier proyecto debe considerar desde su planeación los costos de operación y mantenimiento, así como su sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo.
La discusión también puso sobre la mesa la necesidad de que los marcos normativos incorporen criterios ambientales, financieros, urbanos y sociales.
En este sentido, la movilidad eléctrica fue identificada como parte de la transformación que requiere el transporte público. Aunque su implementación debe acompañarse de infraestructura, financiamiento y una planeación adecuada.
Una responsabilidad compartida
El mensaje de fondo fue que la solución a los problemas de movilidad no puede recaer exclusivamente en los operadores ni en una sola autoridad.
La coordinación institucional, la certeza jurídica, la profesionalización, los contratos con incentivos y penalizaciones. Y una política financiera transparente deben formar parte de un mismo modelo.
Los participantes coincidieron en que los operadores pueden acompañar a las nuevas administraciones y aportar experiencia para mejorar los sistemas. Pero las autoridades deben conservar la capacidad de planear, regular y establecer el rumbo.
Así, México enfrenta el reto de construir una política de movilidad que no dependa de los cambios de gobierno, sino de instituciones capaces de garantizar continuidad, financiamiento y calidad en los servicios.
El objetivo, más allá de construir nuevas obras, debe centrarse en lograr que el transporte público funcione como un sistema integrado, accesible, seguro y financieramente sostenible para las personas.
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